A dos semanas de la elección, el candidato del Partido Verde a la Alcaldía de San Luis Potosí, Leonel Serrato, está en la cuerda floja luego de que el Tribunal Electoral potosino pidió al instituto electoral local revisar el estatus de su candidatura por cometer violencia política de género.
El candidato del Verde está por incorporarse al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Además de que deberá tomar terapia sicológica, el aspirante del Verde deberá ofrecer esta semana una disculpa pública a la priista Rebeca Terán, pagarle 43 mil pesos a la víctima y a la autoridad electoral 22 mil 405 pesos.
Los magistrados demostraron que el candidato del Verde no sólo ha violentado verbalmente a la priista desde 2017, sino que recientemente se dirigió a ella con los calificativos “ladrona” y “ratera”.
Más tarde, le pidió disculpas, pero aseguró que lo “ratera” no se le quitaría, por lo que su conducta se agravó.
“A la señora Rebeca y a otras diputadas se les censura por ser tontas, por ser buenas para nada, por ser inútiles, usted es ambiciosa, es hambrienta, déjeme decirle, señora: la vagina no le da inteligencia, no le da honradez, no le da capacidad, no se escude en sus enaguas, no le busque porque nos encuentra”, son las ofensas que enumeró el Tribunal.
Los jueces locales consideraron que el pevemista, quien primero había competido por Morena por la candidatura a la Alcaldía, pero no se la dieron, se aprovechó de su posición, pues no sólo es un político conocido, también es un notario público en la entidad y ex coordinador regional de programas sociales.
“Cuando un servidor público aprovecha su cargo para generar hechos de violencia inobserva los dos elementos principales que conforman el sistema democrático: primero, porque sus decisiones están modificando las razones por las cuales fue electo, esto es, respetar y tutelar los derechos humanos.
“Y el segundo, porque como resultado de su elección utiliza el poder para mermar y obstaculizar el pleno reconocimiento de esos derechos, que son principios estructurales que conforman el sistema”, afirma.
Criticó que un servidor público se aproveche del espacio público para generar actos que violentan contra políticos de género femenino.
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En la cuerda floja, la candidatura del aspirante del Partido Verde
En la sentencia, se argumenta que no basta que tenga una multa económica, sino que el Instituto Electoral local deberá analizar la situación de su candidatura, pues transgrede la Constitución local por violencia de género.
“Este Tribunal está convencido de que tal discurso político no tiene cabida en el sistema democrático mexicano, por lo que debe ser reprimido por la autoridad electoral de cualquier orden.
“Se ordena dar vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a efecto de que dentro de sus atribuciones proceda legalmente respecto al estatus de registro del sentenciado, dado que, al haber sido declarado infractor por violencia política de género, repercute en su esfera jurídica el incumplimiento del requisito de modo honesto de vivir contemplado en el artículo 34 fracción II de la Constitución Federal, y 24 fracción II de la Constitución del Estado de San Luis Potosí”, señala.
Agencia Reforma