El Congreso de Baja California, con mayoría morenista, aprobó la solicitud del Gobernador Jaime Bonilla para endeudar al Estado con 3 mil millones de pesos, a pagar en por lo menos tres y media administraciones estatales.
Bonilla tomó posesión el 1 de noviembre del 2019 y saldrá de la administración estatal en octubre del 2021.
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Además, el Mandatario logró que el Poder Legislativo cancelara la autonomía de las fiscalías anticorrupción y electoral para depender totalmente de la Fiscalía General del Estado.
El Congreso local aprobó con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, que se afecten ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) como fuente de pago, según leyó la diputada morenista Jullia González Quiroz.
“Artículo Primero. Contratación de deuda pública. Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo, para que realice las gestiones necesarias para contratar uno o varios financiamientos, hasta por 3 mil millones de pesos, el cual no contempla los intereses ni los accesorios legales, ni financiamientos que deriven del mismo”.
“Segundo. El plazo máximo de contratación es hasta por 20 años, contados a partir de la fecha que se celebren los contratos. Tasa de interés: Serán las mejores del mercado, de acuerdo con el cálculo del menor costo financiero”, añadió.
La aprobación a la solicitud de Bonilla no contó con un listado detallado de las obras a realizar, solo los conceptos generales.
Eva Gricelda Rodríguez, legisladora de Morena, justificó que el presupuesto se canalizará a infraestructura y equipamiento para la salud; infraestructura de educación, hídrica, hidroagrícola, alcantarillado, anillos periféricos, puentes, ejes viales, pavimentación y ciclovías, carreteras, así como acotamientos.
Además, Bonilla prometió infraestructura social, rehabilitación de espacios públicos, y el reacondicionamiento de edificios públicos, entre otros.
Los contratos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo; el Fondo General de Participaciones también podrá ser afectado, en caso de que no alcancen los recursos del FAFEF.
La diputada del PT, Claudia Agatón, defendió el endeudamiento, además, prometió supervisión y transparencia.
“Los gobiernos del PAN, anteriores, entre (José) Osuna Millán y (Francisco) ‘Kiko’ Vega, dejaron un endeudamiento de 14 mil millones de pesos, lo que se está sugiriendo en este dictamen, que no hay nada escondido, básicamente hace alusión a destinar 1 mil millones a esos adeudos que ya están”, argumentó.
“Hagan de cuenta que se van a cubrir baches, la ley, de acuerdo a nuestra Constitución y al órgano de transparencia, la ley de coordinación fiscal y de disciplina financiera, no se pueden destinar esos 2 mil millones (a otra cosa), que ustedes dicen que es mucho, sí pero es más 14 mil millones de pesos en obras sin terminar”, refirió.
El diputado Víctor Manuel Morán Hernández, antes ‘Bonillista’ y ahora partidario de Jorge Hank Rhon, indicó que en año y medio de la administración estatal no ha hecho nada con el refinanciamiento aprobado en diciembre del 2019.
“Fue el dictamen 36 de la Comisión de Hacienda, por el que se autorizaron 12 mil millones de pesos, aclaro, como representante popular debemos tomar eso con total responsabilidad, no se puede avalar algo así sin la información respectiva de los proyectos precisos en los que se invertirá dicho recurso”, apuntó.
Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, señaló que la deuda del Estado asciende en la actualidad a 21 mil millones de pesos.
Bonilla indicó el 1 de noviembre del 2019 que la deuda del Estado ascendía a más de 30 mil millones de pesos.
Agencia Reforma