El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, ha impulsado resoluciones favorables al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.
En al menos una decena de sentencias de impacto se ha inclinado la balanza en favor de la 4T durante los últimos 7 meses.
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Una de ellas es la insistencia de no limitar las expresiones del Presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras durante el proceso electoral en marcha.
Quitaron limitantes del INE para hablar de temas electorales
El 17 de febrero, en privado, la Sala Superior echó abajo las limitaciones que le impuso el INE al tabasqueño para que no hablara de temas electorales en actos públicos.
La elaboración de la sentencia sobre el caso le correspondió a la Magistrada Janine Otálora, por lo que su propuesta era mantener la restricción a López Obrador.
“El Presidente ha sido consistente en declaraciones sobre temas electorales. Se está en presencia de conductas continuas que forman parte de un posible esquema o estrategia de comunicación gubernamental cuya tendencia es la de perpetuarse en el tiempo y expandir sus efectos entre la ciudadanía en el contexto de los procesos electorales federales y locales”, advertía Otálora.
Sin embargo, Vargas y su antecesor, Felipe Fuentes, rechazaron el dictamen, y plantearon revocar la medida, al considerar que era una “imposición de medidas de no repetición”, cuando no se tenía certeza de que la conducta se repitiera. Su postura ganó con tres votos a favor y dos en contra.
Ante la polémica, el presidente del Tribunal argumentó que no era un tema definitivo y que entrarían al fondo del asunto “en las próximas semanas”, pero ya pasaron dos meses sin que esto suceda.
En dos ocasiones anteriores, el Magistrado Vargas frenó “la censura” al tabasqueño. En septiembre pasado, cuando la Sala revocó la decisión del INE para suspender la transmisión íntegra de las mañaneras en Coahuila e Hidalgo -estados que celebraron elecciones en octubre-, y en diciembre, cuando tiró la orden del INE al Presidente de abstenerse de expresiones y declaraciones electorales.
Devolvieron bolita al INE en caso Salgado y Morón
El 9 de abril, la Sala Superior resolvió devolver al INE las resoluciones sobre la cancelación de registros como candidatos a Gobernador a Félix Salgado y Raúl Morón, y aunque confirmó que habían realizado actos de precampaña, le pidió volver a analizar la sentencia.
Sin embargo, Vargas votó en contra, pues consideró que debía aprobarse mantenerles el registro porque el INE no garantizó su derecho de audiencia y violentaba su derecho a ser votados.
El 14 de enero, la Sala Superior, a propuesta de Vargas, dio marcha atrás a una decisión del propio Tribunal tomada días antes, la cual frenaba el primer promocional de Morena contra la Oposición llamado “Tumor”. El Magistrado determinó que dicho spot “hacia meras referencias informativas amparadas en el derecho a la libertad de expresión del partido”.
Un mes antes, Vargas y el equipo de comunicación del Tribunal intentaron minimizar el acuerdo que, por mayoría de votos, se aprobó para que los partidos garantizaran la paridad de género en sus candidaturas a las 15 gubernaturas.
El presidente del TEPJF -a lo largo de la sesión del 14 de diciembre- insistió en que el dictamen debía decir “en la medida de lo posible”, sin establecer obligación a los partidos, y así se resumió el acuerdo por parte de su área de comunicación social, por lo que se tuvo que aclarar en la sentencia.
Vargas también está en la mira porque con su voto e iniciativa demoró desde noviembre pasado la investigación sobre los recursos presuntamente irregulares que recibió Pío López Obrador, hermano del Presidente.
Aplican la ley… con adversario de AMLO
Además, su voto fue decisivo para negar en octubre el registro a México Libre, liderado por Margarita Zavala y Felipe Calderón, y también para darle vida a Fuerza Social por México, de Pedro Haces, líder sindical cercano a la 4T.
No obstante, antes de asumir la presidencia del Tribunal -noviembre pasado-, ya era criticado por impulsar fallos a favor de Morena, como perdonar una multa de 197 millones que el INE le impuso por anomalías en el fideicomiso del sismo.
Además, en agosto del 2019, respaldó al Magistrado Fuentes para castigar a los productores de la serie “Populismo en América Latina”, producción criticada por López Obrador, quien argumentó que era una campaña negra en su contra. Dos de sus compañeros consideraron en que esto implicaba una grave vulneración a la libertad de expresión y cancelaba la participación de terceros en el debate público en asuntos electorales.
Busca Ley Zaldívar controlar Judicatura
La reforma aprobada en el Senado para extender la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia, hasta finales de 2024, tendrá su principal impacto en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que quedaría en manos de funcionarios afines a Morena y el propio Zaldívar hasta 2026.
El artículo transitorio aprobado este jueves prolonga de cinco a siete años los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura en funciones, lo que contradice el artículo 100 de la Constitución.
“Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”, dice este artículo.
Zaldívar, presidente del CJF desde enero de 2019, para un periodo que, según el artículo 97 de la Constitución, debería ser de cuatro años, ahora lo seguiría siendo hasta el 30 de noviembre de 2024, que también será el día de su retiro como Ministro de la Corte.
Pero cinco de los restantes seis integrantes del CJF nombrados en 2019, que tendrían que dejar sus cargos a lo largo de 2024, ahora se quedarían hasta 2026, ejerciendo la función crucial de administrar, vigilar e imponer sanciones a jueces y magistrados de más de 850 Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, los más importantes del País.
Los consejeros que seguirían hasta 2026 son: Bernardo Bátiz, designado por el Presidente López Obrador, así como Loretta Ortiz y Verónica de Gyves, nombradas por el Senado, que debían salir en noviembre de 2024, pero ahora continuarían hasta noviembre de 2026.
Bátiz, quien para 2026 tendrá 90 años de edad, fue el Procurador de Justicia del Distrito Federal durante el Gobierno de López Obrador en la Capital; Ortiz es una académica y ex diputada de Morena que desde hace años ha apoyado al Presidente, y De Gyves, ex Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, es esposa de su actual Presidente, Rafael Guerra.
También seguirían en el CJF dos magistrados de circuito afines a Zaldívar, elegidos por la Corte en 2019: Alejandro González Bernabé, hasta febrero de 2026, y Sergio Molina Martínez, hasta noviembre del mismo año.
Ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMCJDPJF) pidió a la Cámara de Diputados corregir la reforma que amplía dos años el mandato de Zaldívar.
Agencia Reforma