Con la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos por el pleno de la Cámara de Diputados, juristas anticipan los diversos recursos legales, como amparos, que pueden presentarse por parte de los afectados como medios de defensa.
Mauricio León, asociado de la firma Sánchez Devanny, explicó que el medio idóneo de las empresas es el amparo indirecto, como sucedió con la reforma eléctrica, pero aún hay que esperar la aprobación por parte del Senado para que llegue al Diario Oficial y tras la entrada en vigor se pueda presentar el recurso.
“Hay que ver cuál es el momento en el que se causan las afectaciones, es decir, si lo hacen con la entrada en vigor o lo hacen hasta que viene un acto de aplicación.
“Con relación a esta reforma específica vimos que varios son de carácter autoaplicativo, es decir, tiene que interponerse la demanda de amparo dentro de los primeros 30 días siguientes a la entrada en vigor”, señaló durante un panel virtual organizado por la firma.
León también dijo que los bloques de oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pueden presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que se busca mostrar que la ley aprobada es contraria a lo que dice la Constitución y a lo establecido en tratados internacionales.
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¿Los ciudadanos podrán presentar amparos?
En cuanto a si los ciudadanos también pueden presentar amparos, el litigante explicó que, aunque la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya anticipó posibles daños a los usuarios por el incremento de precios, los jueces tendrán que analizarlo porque se trataría de un interés simple.
Asimismo, recordó que esta reforma genera un alto nivel de incertidumbre porque atenta contra derechos preexistentes, además de que las disposiciones que establece afectan en diferentes índoles, como la violación a la libertad de comercio, la libertad de libre competencia y libre concurrencia, violaciones a la seguridad jurídica, retroactividad de la ley y vulneración de derechos adquiridos, que es lo que las empresas pueden argumentar bajo un juicio de amparo.
“Viene bien mencionar que más allá de estos actos tan cuestionables que hemos visto desde la perspectiva administrativa y ahora legal (…) afortunadamente el Poder Judicial continúa actuando de manera muy profesional a pesar de las presiones políticas.
“Estamos muy optimistas en que hay argumentos sólidos, sin duda, y la mayor parte de los sujetos tienen argumentos muy fuertes a su alcance para protegerse a través de un juicio de amparo, por lo que se anticipa que las suspensiones se sustenten”, puntualizó.
En cuanto a las suspensiones con efectos generales, León explicó que son difíciles de lograrse, ya que la regla general es que se las suspensiones o sentencias se otorguen sólo a quienes se han amparado.
Verónica Esquivel, socia industrial de Sánchez Devanny, explicó que México es ‘huésped’ de inversiones extranjeras de las que se tienen responsabilidades y obligaciones asumidas en tratados internacionales, como el T-MEC, las cuales deben respetarse dado que también cuentan con mecanismos para la protección de inversiones.
Agencia Reforma