El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que, de aprobarse la iniciativa presentada por el Ejecutivo para la modificación a la Ley de Hidrocarburos, representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México.
“Lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual Administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de Derecho”, aseguró el IMCO, mediante un comunicado.
El pasado 26 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos (LH).
Fundamentalmente la propuesta busca dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos a empresas del sector privado que participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
El IMCO aseguró que la iniciativa amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos (como gasolineras) cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
En dicho caso, tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormente y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido.
“Lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa”, aseguró el Instituto.
La iniciativa, aseguró, conllevará repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex.
Además, la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras.
“Con el propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional.
“La iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual Administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, aseguró.
El IMCO exhortó a los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar esta iniciativa pues representaría un duro golpe al Estado de Derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.
Va Morena por ‘fast track’ en Ley de Hidrocarburos
En plena Semana Santa, la diputación federal de Morena pretende acelerar el desahogo de la reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió el Presidente López Obrador a San Lázaro el viernes pasado.
La bancada notificó este lunes a la Mesa Directiva que había convocado a los integrantes de la Comisión de Energía el miércoles próximo para trazar la “ruta crítica de análisis” de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo Federal.
Tras la Semana Santa, al periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión le restan apenas cuatro semanas de trabajo. Además de su desahogo en San Lázaro, el procedimiento debe concluir en el Senado.
En esa tesitura, la Oposición ha exigido el desarrollo de un Parlamento Abierto para analizar el contenido de la iniciativa presidencial.
La propuesta del Ejecutivo a la ley de Hidrocarburos incluye la suspensión de permisos a entes privados cuando representen un riesgo para la “seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional”.
Agencia Reforma
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