“Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la patria”.
Juan Bautista Alberdi
Quien no esté de acuerdo con sus posiciones es un traidor a la patria. Ni siquiera los abogados deben defender a quienes tienen otra visión del país o a quienes buscan proteger sus derechos constitucionales. Es “una vergüenza”, dijo el presidente López Obrador este 22 de febrero, “que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres, pero ojalá vayan internalizando que eso es traición a la patria”.
La amenaza no es pequeña cuando viene del presidente más poderoso desde los tiempos del viejo PRI. La traición a la patria es un delito que se castiga, según el artículo 123 del Código Penal Federal, con prisión de cinco a 40 años. Si bien el artículo, que tiene sus orígenes en el siglo XIX, busca prevenir las invasiones del territorio nacional, su prohibición contra “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero” puede ser manipulada para atacar a quienes quieren en México un sistema eléctrico más eficiente, con competencia e inversión privada, como en los países ricos.
No es López Obrador el primer gobernante que considera que sus opositores deben ser considerados traidores a la patria. La posición ha sido bastante común entre los gobernantes autoritarios de la historia. Si el “Estado soy yo”, como afirmó Luis XIV de Francia, cualquier posición discrepante, como las del Parlamento de París de 1665, es una traición a la patria.
La afirmación, sin embargo, no tiene sentido en una democracia liberal. La filosofía de este sistema es permitir la expresión de distintas posiciones políticas para persuadir a los electores de apoyar a unos partidos o a otros, con respeto a los derechos individuales. En las democracias vemos discusiones constantes sobre políticas públicas. De hecho, en los sexenios liberales en México, López Obrador y su grupo político constantemente criticaron las medidas que impulsaban gobiernos distintos. Promovieron, incluso, una consulta pública para juzgar, por traición a la patria precisamente, al presidente Enrique Peña Nieto por promover la reforma energética de 2013. A nadie en el gobierno se le ocurrió acusar de traición a la patria a quienes se oponían a las políticas que se estaban legislando.
Algunas organizaciones de abogados han cuestionado la posición del presidente López Obrador. En una valiente y emotiva carta a los estudiantes, el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, les dijo que, como futuros abogados, “estarán siempre expuestos a la crítica, pero estén seguros de que nunca la defensa de una causa puede considerarse traición”.
Defender un sistema eléctrico más eficiente, sin monopolios, con inversión privada como en las democracias liberales del mundo, que permita una generación más barata y limpia, que fomente la inversión y la generación de empleos, no puede ser traición a la patria. Esto es particularmente cierto si consideramos que los fallos de la Suprema Corte de Justicia han determinado que muchas de las disposiciones de la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, ahora incorporadas a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, son inconstitucionales. No puede el gobernante decirnos que defender la Constitución es una traición a la patria.
Plan de Iguala
Me parece positivo que AMLO haya festejado el Plan de Iguala este 24 de febrero. Hace 200 años Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero demostraron que un acuerdo era una forma más eficaz de lograr la independencia que una mortífera guerra. Es un mensaje importante para descartar una dañina visión de la historia, que pretende que la violencia siempre logra más que los acuerdos.
Twitter: @SergioSarmiento
Agencia Reforma
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