La participación de elementos estatales en la masacre de 19 personas en Camargo, entre ellos 16 migrantes guatemaltecos, abre una veta para que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea denunciado en la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, hay elementos que involucran en el ataque del 22 de enero a miembros del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), el equipo élite de la Policía estatal creado por el mandatario panista.
A los Gopes se le han imputado en el pasado las desapariciones y ejecuciones de personas, el control de tráfico de personas, la creación de fosas clandestinas y hasta la operación del huachicoleo en Tamaulipas.
“Es un brazo armado que opera con una fachada institucional, y son los responsables de esta masacre en Camargo, están totalmente identificados algunos de ellos”, aseguró Díaz Durán, cuya denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) desató el juicio de procedencia en la Cámara de Diputados.
“Incluso hay fotografías ya del comando, de los integrantes de ese comando”, señala.
El martes de esta semana, Díaz Durán se reunió con Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, a quien propuso presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra García Cabeza de Vaca.
El morenista le ofreció ser coadyuvante en el proceso, para poder demostrar que la masacre de Camargo es sólo un evento más de una serie de ataques sistemáticos, generalizado y reiterados, operados desde el Gobierno del Estado, lo que configura crímenes de lesa humanidad.
También le propuso que presente el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con miras a que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Díaz Durán acusa al Gobernador tamaulipeco de trabajar con el Cártel del Golfo (CDG), cuyos sicarios habrían entrado al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía estatal.
“Todo esto lo voy a llevar a Guatemala, para que el Estado guatemalteco valore todos los elementos”, añadió.
Además, dice, pedirá en Honduras y El Salvador que se sumen a la denuncia, pues asegura que los migrantes de estos países son reclutados de manera forzada en Tamaulipas para trabajar en el crimen organizado.
Hasta el momento, por la masacre de 19 personas en la comunidad de Santa Anita, en Camargo, Tamaulipas -16 de ellas originarias de Guatemala-, han sido detenidos 12 policías estatales.
Esta semana, una comisión de diputados de Guatemala realizó una gira de trabajo por México para pedir que se sancione a los responsables del ataque, se repatrien los restos de los ciudadanos guatemaltecos y se repare el daño a las familias de las personas asesinadas.
Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció asumir los gastos de la repatriación de cuerpos.
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Me persiguen desde Palacio: gobernador
El gobernador de Tamaulipas acudió la tarde de ayer a la Cámara de Diputados para que le notifiquen sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y que presentó la FGR ante la Secretaría General del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El martes, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, presentó ante la Cámara Baja la solicitud de desafuero de García Cabeza de Vaca.
“Estas denuncias que se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política de Palacio Nacional”, dijo el gobernador panista en conferencia desde San Lázaro.
El miércoles en la mañanera, el Presidente López Obrador descartó que se tratara de una venganza política y el procurador Alejandro Gertz Manero aseguró que la investigación se llevará a cabo de forma transparente.
Lo cierto es que de acuerdo con los plazos legales, el proceso de desafuero en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados terminará justamente una semana antes de las elecciones de este año.
Con información de Agencia Reforma