La Secretaría de la Función Pública (SFP) indagó en 2019 la evolución patrimonial de cinco ex secretarios de Estado del Gabinete del Presidente Enrique Peña, entre ellos Ildefonso Guajardo, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles.
También, de un ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien tuvo inconsistencias por 35 millones 735 mil 114 pesos, y un ex Secretario de Hacienda, que registró una discrepancia de 88 mil pesos.
Las indagatorias, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de la auditoría 77-GB, fueron iniciadas a partir de notas periodísticas y no resultado de un trabajo técnico de revisión de las declaraciones patrimoniales de los ex secretarios.
Además, indicó, no se circunscribieron a un solo año, sino a varios años atrás sin que para ello existiera una justificación lo que abre la posibilidad a que la SFP actué de forma discrecional e incurra en abuso de autoridad.
“Al haber carecido de un lineamiento y de una metodología precisos para la realización de las investigaciones, se incumplió con lo previsto en el RISFP (Reglamento Interior de la SFP), creándose condiciones para el ejercicio discrecional de las facultades conferidas y, por ello, potenciales actos contrarios a la legalidad como el abuso de autoridad o el conflicto de intereses”, advirtió la ASF.
El reporte de auditoría, remitido junto con otros 870 informes a la Cámara de Diputados el pasado fin de semana, analizó una muestra de 10 expedientes de evolución patrimonial, incluidos los de los cinco ex secretarios y el exoficial mayor de Sedatu, Emilio Zebadúa, para evaluar el desempeño de la SFP.
Un onceavo expediente, el del ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, no pudo ser revisado debido a que la SFP lo clasificó como reservado.
“El expediente de investigación patrimonial del Ex secretario General del sindicato de Pemex, fue concluido el 6 de diciembre de 2019 y enviado a la UAJ el 13 de diciembre de 2019, para la presentación ante ministerio público de la denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito, misma que fue presentada el 23 de diciembre del citado ejercicio ante la Fiscalía General de la República.
“Sin embargo, el contenido del expediente que contiene la evidencia de la investigación y que justifica o aclara lo observado, no fue proporcionado a la ASF por la SFP, ya que ésta manifestó que se trata de información reservada y por la cual se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para proporcionar dicho expediente”, señalo la ASF.
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Los ex secretarios no identificados
En el informe de la auditoría no se identifica a los funcionarios por su nombre, sin embargo, en los casos de Guajardo, Osorio y Robles es posible identificarlos, porque el primero fue el único Secretario de Economía en el sexenio pasado y los otros dos litigaron públicamente los procedimientos abiertos en su contra.
A Guajardo se le atribuye una inconsistencia de 2 millones 84 mil 360 pesos en su evolución patrimonial de 2014; en tanto que a Osorio se le atribuye una diferencia entre los ingresos declarados y recibidos entre 2012 y 2018 de 14 millones 57 mil 404 pesos.
En el caso de Robles, en el que se revisó su evolución patrimonial de 2017 y 2018, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se le atribuyen inconsistencias por 120 mil 805 pesos.
Con los datos contenidos en la auditoría no es posible identificar a los titulares de Desarrollo Social y de Hacienda investigados durante el sexenio pasado, por la primera dependencia pasaron Rosario Robles, José Antonio Meade, Luis Enrique Miranda y Eviel Pérez Magaña; mientras que en la segunda estuvieron al frente Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
En el caso de Miranda, existe un antecedente público sobre una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió en su contra.
En los casos de los titulares de Sedatu y Hacienda, señaló la auditoría, la SFP decidió no proceder contra los ex funcionarios al considerar que los montos, 120 y 88 mil pesos, no fueron “notoriamente desproporcionados” a sus ingresos.
En el caso de Zebadúa, a quien se le atribuyen inconsistencia de 948 mil 618 pesos en los años 2017 y 2018, expuso la ASF, el ex funcionario obtuvo una suspensión definitiva debido a la falta de pulcritud legal de la SFP.
“Esta situación reflejó deficiencias en el procedimiento de investigación realizado por la DGII de la SFP, en términos del incumplimiento de los principios y actuaciones relativas al debido proceso y la garantía de los derechos individuales”, indicó.
Agencia Reforma