La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que, en el proceso por las presuntas omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra, no le dará a Rosario Robles ningún beneficio legal para que salga de prisión, por lo que seguirá en pie la acusación y la llevará a juicio.
Tras casi tres meses de negociación, Juan Ramos López, Subprocurador de Delitos Federales de la FGR, notificó a Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control federal del Reclusorio Sur, que es improcedente concederle a Rosario el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado.
El primero es un beneficio que consiste en colaborar con las autoridades, a cambio de que sea retirada la acción penal, mientras que el segundo es una salida anticipada del proceso en la que el imputado se declara culpable a cambio de acceder a una pena mínima.
En el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021, enviado el pasado miércoles al juez, Ramos explica que ambos beneficios son inviables porque Robles buscaba una pena de 3 años sin pagar la reparación del daño -que en este proceso es de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos-, y no aportó información sobre delitos más graves ni se comprometió a ratificarla.
“Su defensa particular en la audiencia del 10 de febrero de 2021 señaló como propuesta para un procedimiento abreviado que se le impusiera a María del Rosario Robles Berlanga una pena de 3 años de prisión y que no procediera pagar la reparación del daño”, dijo el subprocurador en este documento también suscrito por Teresa Maldonado Rodríguez, una de las fiscales que litiga el caso.
“Al respecto, le informo que las propuestas efectuadas por la justiciable María del Rosario Robles Berlanga no son procedentes”.
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Piden 21 años de cárcel para Robles
En la acusación presentada contra Robles, la FGR pidió imponerle 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque presuntamente fue omisa ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos cometidos por sus subordinados, en el caso de la Estafa Maestra.
La Fiscalía señaló que siete años corresponden al delito cometido como titular de la Sedesol, otros siete como responsable de la Sedatu, y siete más por concepto de agravante, al tratarse de un delito continuado durante seis años en dos instituciones.
Sobre el procedimiento abreviado, el subprocurador Ramos puntualizó que es inviable porque no es posible eliminar el concepto de agravamiento de la pena, ya que está acreditado que fue un ilícito cometido en forma continuada, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.
“Con las conductas delictivas cometidas por María del Rosario Robles Berlanga, se causó un daño a la Hacienda Pública por la cantidad de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 25 centavos, como se encuentra acreditado en autos, por lo que para que proceda este procedimiento abreviado es necesario que la acusada repare el daño, a lo cual se ha negado”, dijo Ramos.
El titular de la SEIDF también explicó al juez de control que Robles tampoco cumple con los requisitos para acceder al criterio de oportunidad.
“Hasta el día de la fecha, María del Rosario Robles Berlanga no ha rendido declaración aportando a esta Representación Social de la Federación información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave, del que se le acusa dentro de la causa penal 314/2019”, señala el subprocurador.
“La justiciable se niega a reparar el daño a la parte ofendida, requisito indispensable para que proceda el criterio de oportunidad. De igual manera, la acusada no se ha comprometido a comparecer a juicio, a ratificar la información que en su caso aporte”.
La decisión de la Fiscalía implica que el próximo viernes se reanude la audiencia intermedia en la que Robles será acusada verbalmente de sus supuestas omisiones ante los desvíos, diligencia en la que también serán debatidos 341 datos de prueba de las partes.
Además de este proceso, la ex funcionaria tiene una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por lavado de dinero y delincuencia organizada, relacionada con un supuesto desvío de más de 77 millones de pesos en la Sedesol.
En este otro expediente, tan sólo por el delito de delincuencia organizada, podría recibir de 20 a 40 años de prisión en caso de ser hallada culpable. No obstante, su defensa también busca negociar algún beneficio con la SEIDO, como el criterio de oportunidad o el de testigo protegido, para que este mandamiento judicial sea cancelado.
Agencia Reforma