En la investigación contra políticos y ex legisladores que presuntamente recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, a la Fiscalía General de la República (FGR) se le “extraviaron” la evaluación y declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente.
El ex senador panista Jorge Luis Lavalle solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia, cuyo propósito es hacer comparecer a los fiscales federales para que expliquen por qué omitieron u “ocultaron” dichas pruebas.
De momento, el juez responsable de la solicitud no ha acordado una fecha de audiencia, debido a la pandemia de Covid-19.
El oficio que menciona la inclusión de los documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el número de folio FGR-SEIDF-DGAE-736-2019 y fue recibido el 24 de mayo de 2019 por José Luis Montiel Echeverría, agente de la Policía Federal Ministerial.
Está incluido en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada el pasado 11 de agosto por la Coordinación General de Investigación de la FGR, por una denuncia de hechos de Lozoya.
El reclamo de estos documentos llegó hasta la justicia federal porque Lavalle antes los pidió a la FGR; sin embargo, el 23 de enero ésta rechazó proporcionarlos, argumentando que el oficio no tiene relación con la investigación contra los políticos y ex funcionarios denunciados por el ex director de Petróleos Mexicanos.
La evaluación y declaraciones patrimoniales omitidas en esta indagatoria fueron clave para que la SFP inhabilitara al ex director de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, una sanción dictada en mayo de 2019.
El pasado 26 de enero Lavalle estaba citado para una audiencia inicial donde la FGR iba a imputarle los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivado de la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto pasado.
No obstante, un día antes la FGR solicitó cancelar y diferir indefinidamente dicha diligencia, ya que reportó que los fiscales que formularían la imputación tenían síntomas de Covid-19.
En la querella presentada por Lozoya, en la que busca el criterio de oportunidad o inmunidad penal, acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios de ser los destinatarios del dinero que en un primer momento él recibió de la constructora Odebrecht.
En esa lista incluye al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como a David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño.
La finalidad de los sobornos era que el Gobierno de Enrique Peña Nieto consiguiera la aprobación de las reformas estructurales en el Poder Legislativo, según el denunciante.
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Rastrea FGR información sobre Peña Nieto
La FGR pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregarle la copia certificada del pasaporte del ex Presidente Enrique Peña Nieto, como parte de la investigación del caso Odebrecht.
Según informes del Gobierno federal, la Fiscalía también solicitó la copia de los salvoconductos del ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya; los ex senadores blanquiazules Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, así como del priista David Penchyna.
Sin embargo, el pasado 19 de enero César García Mondragón, director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, respondió a Kristian Javier Jiménez Hernández, Fiscal de la Coordinación General de Investigación de la FGR, que es materialmente imposible satisfacer su pedido.
Si bien dijo que contaba con las copias de los pasaportes anteriores, entregados para su renovación, le aclaró que los actuales están en manos de sus titulares y por ello no cuenta con una copia de los mismos.
Peña Nieto es el personaje más importante contra quien Emilio Lozoya presentó su denuncia el pasado 11 de agosto, en la que sostiene que el dinero que recibió de Odebrecht fue destinado para pagarle sobornos a legisladores del PAN y del PRI para que aprobaran la reforma energética.
“Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que –desde las altas esferas del régimen– instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros”, declaró Lozoya en su querella.
Por esta carpeta de investigación, con número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, en noviembre pasado la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria.
Sin embargo, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte devolvió el expediente a la FGR, para que subsanara algunas deficiencias del documento, antes de pronunciarse sobre la procedencia de las capturas.
Aunque el ex director de Pemex presentó su querella contra 16 políticos y ex altos funcionarios, por ahora sólo son cinco sobre los que la Fiscalía ha rastreado la información de sus pasaportes. En esa lista no está Videgaray, el único contra quien intentó pedir la aprehensión.
Agencia Reforma