La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo, quien se quedó con la Procuraduría de Justicia cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, luego del desenlace del caso de la niña Paulette.
Al frente de la dependencia estaba Alberto Bazbaz, joven abogado cercano a Peña Nieto, y la investigación del caso fue entregada al subprocurador Castillo, ya que fue el primer elemento de alto perfil en llegar a la casa donde vivía la menor.
El lunes 22 de marzo de 2010 los padres de Paulette, Mauricio Gebara y Lizett Farah denunciaron su desaparición. Los siguientes cinco días pasaron por la recámara de la niña policías y peritos, pues la madre ofreció entrevistas ahí. Incluida una a la ahora senadora Lilly Téllez.
Bazbaz dejó en las manos de Castillo la investigación, la cual pasó de descartar un secuestro a sospechar de la familia y las nanas por “falsear las declaraciones”.
El 29 de marzo la PGJ arraigó a los padres por también encontrar supuestas inconsistencias en sus testimonios. El 31 de marzo el cuerpo de la pequeña fue encontrado en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos con perros entrenados.
El 25 de mayo, Bazbaz renunció al cargo y en su lugar fue designado Castillo, quien admitió que la investigación tenía “inconsistencias”. Dos meses después se dio a conocer el dictamen de la procuraduría ahora a su cargo: se determinó que la menor murió accidentalmente.
Bazbaz renunció porque reconoció haber perdido “la confianza, la credibilidad y el respaldo” social y Castillo, a pesar del descrédito público que también acarreó por el caso, fue dejado por Peña Nieto al frente de la PGJ.
El caso volvió a tomar relevancia el año pasado cuando Netflix sacó una serie sobre la desaparición de la menor, misma que fue muy criticada por el manejo de la información y la actuación de algunos actores.
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Castillo, desde pacificador hasta responsable del deporte
De acuerdo con la Función Pública, Castillo, quien terminó el sexenio de Peña Nieto como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tuvo omisiones en sus declaraciones patrimoniales.
La dependencia detectó que el ex funcionario, quien también fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, “faltó a la verdad” en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que Castillo omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Luego de dejar su cargo como procurador, Castillo inició el sexenio de Peña como subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amaparo, de la extinta PGR.
Tras el escándalo de “Lady Profeco”, hija de Humberto Benítez Treviño, en 2013 fue nombrado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde solo duró unos meses y salió en 2014.
Para abril del 2015, tomó la titularidad de la Conade, en sustitución del clavadista mexicano Jesús Mena.
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