“Juan”, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina, Omar García Harfuch recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
La declaración del testigo protegido, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice.
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García Harfuch avisaba sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de droga
Omar García Harfuch, era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero en 2014
“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, asegura el declarante cuya identidad está reservada.
Cono testigo protegido, “Juan” es profuso en detalles sobre cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala donde desaparecieron 43 normalista de Ayotzinapa y, según su dicho, fueron muertos y desaparecidos al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a los Guerreros Unidos.
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La relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.
Uno de ellos, el capitán del Ejército José Martínez Crespo, se encuentra detenido y sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1.
En el marco de esa declaración es donde “Juan” implica a García Harfuch y a otros mandos. Según el testigo, el ahora jefe de la policía capitalina estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970.
“Juan” refiere que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señala que había un General que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que señala son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero respectivamente, en el gobierno del perredista Ángel Aguirre. Estos funcionarios recibían 50 mil dólares mensuales, según el dicho de “Juan”.
Matan a 20 indigentes para inventar pruebas
Con el fin de que la Procuraduría de Guerrero simulara pruebas de la desaparición de normalistas, “Guerreros Unidos” asesinó a 20 indigentes para hacer pasar sus restos como si fueran de estudiantes.
Así lo revela el testigo protegido “Juan” en su declaración ministerial ante la FGR. El plan fue fraguado entre miembros del grupo criminal y el Comandante Wenceslao Elizalde Zempoalteca, ex coordinador de la Policía Ministerial.
“En un primer momento agarraron a unos 20 indigentes y los metieron a las fosas, atrás de Pueblo Viejo, y dado que el asunto estaba muy mediático, dijeron que la Fiscalía, o sea Iñaki (Blanco, el Procurador), que no iba a resultar y fueron a los lugares donde en un primer inicio habían tirado los restos de los estudiantes para ir a preparar lo del basurero de Cocula”, dijo “Juan”.
Al cambiar de estrategia, Zempoalteca recibió de “Guerreros Unidos” las cenizas de estudiantes incinerados en la funeraria “El Ángel” y junto con otras “evidencias” las dispersó en el basurero de Cocula.
Sobre estas “evidencias”, el Gobierno estatal y la PGR construyeron la denominada “verdad histórica”.
…Y AMLO valida nuevas investigaciones
El Presidente Andrés Manuel López Obrador validó la nueva versión sobre el caso Ayotzinapa en la cual, según un testigo protegido de la FGR, los 43 normalistas fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.
“Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real, o sea no es apócrifo.
“Y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un Capitán del Ejército y está abierta la investigación. No hay todavía ningún resultado así definitivo”, comentó López Obrador.
En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que cada día se vuelve más evidente que la “verdad histórica” presentada en el sexenio pasado fue una fabricación.
“Lo que cada vez más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México de que los jóvenes los habían agarrado y los habían quemado en un basurero. Eso ya todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones y es lo que se está investigando”, dijo.
López Obrador sostuvo que aún su Gobierno no puede dar carpetazo al caso hasta no comprobar todas las líneas de investigación.
“Por ejemplo esa declaración que dio a conocer el Reforma pues ahí ya se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir esto fue lo que pasó hasta no probar todo e investigar más. Porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa nada más para decir ya se cerró el caso, darle carpetazo. ¡No!
“Tienen que participar los asesores, los padres, las madres de los jóvenes, desde luego todas las autoridades, y tiene que haber un acuerdo cuando se tengan todos los elementos y se puede informar al pueblo y lo más importante encontrar a los jóvenes. Es todo un desafío, pero tenemos la voluntad de hacerlo”, prometió.
Agencia Reforma