“Si deseamos respeto para la ley, primero debemos hacer la ley respetable”.
Louis D. Brandeis
Hoy Morena protesta por la censura que, supuestamente, el INE quiere imponer al presidente López Obrador, al limitar la difusión de sus declaraciones políticas y de sus mañaneras. Es una limitación que se extiende a los gobernadores de todas las tendencias y que está inscrita en la Constitución a instancias de los partidos de izquierda.
La reforma electoral de 2007 fue la más regresiva en la historia de nuestro país. En ella se confabularon los intereses del PAN de Felipe Calderón, el PRI de Manlio Fabio Beltrones y el PRD de Pablo Gómez para limitar la libertad de expresión. La enmienda prohibió no solo la contratación de anuncios políticos en radio y televisión, sino la difusión “de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. Proscribió también la difusión en medios de “toda propaganda gubernamental” durante “el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales”.
Estas medidas buscaban castigar a las televisoras y radiodifusoras por el pecado de cobrar a los políticos por el uso de sus tiempos, otorgar a los partidos un virtual monopolio sobre los mensajes políticos e impedir que organizaciones civiles, como el Consejo Coordinador Empresarial, o personas físicas, como Víctor González Torres, el Dr. Simi, promovieran sus ideas políticas. La prohibición de expresiones “que denigren” o “calumnien” restringía el debate político y buscaba impedir que se llamara corruptos a los corruptos. Detener la propaganda gubernamental en tiempos de campaña era una reacción de los partidos de izquierda a los intentos de Vicente Fox por intervenir, con sus declaraciones, en la campaña electoral de 2006 para impedir el triunfo de López Obrador.
Estoy de acuerdo con Morena en que debemos defender la libertad de expresión. Para ello hay que derogar el artículo 41 de la Constitución y toda la legislación secundaria que emana de él. Es un artículo perverso, el más extenso de la Constitución, con un detalle que solo debería existir en un reglamento, que viola libertades fundamentales. Sin embargo, no se puede derogar ahora, que ya ha empezado el proceso electoral, porque eso violaría un principio constitucional. La nueva reforma debe hacerse después de la elección del 6 de junio.
El Consejo General del INE aprobó la resolución que restringe las expresiones políticas del presidente, los gobernadores y otros funcionarios en tiempos de campaña por nueve votos contra dos. Los dos que votaron en contra, nombrados por la Cuarta Transformación, no ofrecieron argumentos, pero buscaron mostrar su lealtad al régimen. La apuesta de Mario Delgado, presidente de Morena, es que el Tribunal Electoral, que en los últimos tiempos ha cambiado varios de sus propios precedentes para alinearse con la 4t, respaldará cualquier deseo del mandatario. Esto sería muy preocupante, porque implicaría que el tribunal ha sido ya capturado por el gobierno.
El artículo 41 es hoy una vergüenza, como lo era en 2007 cuando se creó en su formato actual (antes tenía solo 63 palabras, hoy más de 4 mil). Prohibir a los políticos hacer política es la idea más estúpida que los políticos pudieran haber tenido. Una de las fortalezas de los países democráticos es, precisamente, la libertad del debate político.
Pero no violemos la Constitución. Esta aberración jurídica debe ser derogada, pero cuando sea legalmente posible: después de la elección del próximo 6 de junio.
Biden
Hoy termina la era Trump y empieza el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Es un alivio dejar atrás la inestabilidad intelectual y emocional de Trump, pero entre las propuestas que quiere aplicar Biden en sus primeros días de gobierno hay muchas muy cuestionables. Ya las discutiremos.
Agencia Reforma
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