En medio de críticas porque no se consideran recursos para llevarlo a cabo y podría poner en riesgo a las personas y violentar sus garantías constitucionales, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que deberá contener información de cada línea telefónica, los datos biométricos de su titular y la información del concesionario que la activó.
Con 390 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, los legisladores aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer que el registro será una base de datos operada y regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y para mantenerlo actualizado los concesionarios de telecomunicaciones suministrarán información relativa a altas, bajas, cambios de propietarios, robos y extravíos.
Las modificaciones señalan que el registro de cada línea telefónica móvil deberá contar con el número de la línea, el número de serie o identificador único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de la activación, nombre completo o razón social del usuario, número de identificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Población del titular de la línea, datos biométricos y su domicilio.
Los diputados avalaron una reserva presentada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra, para sustituir las “disposiciones aplicables” que deberá emitir el Ifetel para el registro por “disposiciones administrativas de carácter general” y establecer que la no emisión de éstas dará motivo a responsabilidades administrativas.
De acuerdo con el proyecto, el Ifetel sólo podrá proporcionar información sobre datos personales del registro a las personas que aparezcan como propietario o a quien acredite algún interés jurídico.
La reforma considera infracciones por efectuar extemporáneamente la inscripción de una línea telefónica, no inscribir ésta, hacer uso indebido de las constancias, documentos y de los medios de identificación relacionados con el registro de un número, alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos de forma ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa y hacer uso de la información para obtener un lucro indebido.
Estas infracciones se sancionarán con entre 20 y 15 mil Unidades de Medida y Actualización, o de dos a tres veces el lucro indebido obtenido.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el panista Víctor Pérez, dijo que el objetivo del registro es colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia para combatir la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro.
El legislador recordó que para dictaminar esta propuesta se llevó a cabo un foro en el que participaron representantes de los sectores involucrados. Durante éste, indicó, se alertó sobre la posible invasión a la privacidad, la falta de mecanismos de protección de datos personales y la posible violación a los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia.
Ante ello, explicó, con el afán de brindar una herramienta que procure mayor seguridad ante delitos como la extorsión y el secuestro, se propuso la creación de un registro que contenga, entre otros, los datos biométricos de los titulares de las líneas telefónicas.
Pérez dijo que dicho registro es una segunda oportunidad, luego del fracaso en el que resultó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).
El diputado de Movimiento Ciudadano Higinio del Toro recordó que un registro de este tipo ya fue utilizado en el sexenio de Felipe Calderón sin resultados, mismo que tuvo que ser destruido luego de que se comprobó que la base de datos podría ser comprada en el mercado negro.
Subrayó que en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han cancelado este tipo de bases datos por considerarlas violatorias a los derechos humanos.
Advirtió que pensar que con un registro de usuarios de telefonía se acabará con la extorsión o el secuestro es una falacia, porque estos delitos se combaten con políticas públicas en materia de seguridad y con tecnología, aspectos que no están considerados en el proyecto.
Lamentó que éste no considere aspectos fundamentales como los mecanismos para llevar a cabo el bloqueo de líneas o para detectar procesos de clonación de tarjetas SIM.
Además, sostuvo que una base de datos de este tipo es violatoria del principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución, porque al hacer obligatorio el registro a todas las personas se les considera como potenciales delincuentes.
La perredista Norma Azucena Rodríguez lamentó que el dictamen no considere el impacto presupuestal de esta media y que no destine los recursos necesarios para sufragar los gastos que implicará la creación del registro, su mantenimiento y constante actualización, así como las medidas de seguridad con las que deberá contar para salvaguardar correctamente la información más sensible de las y los ciudadanos.
Agencia Reforma
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