La lucha contra la corrupción en los Estados ha detonado muchas denuncias, pero pocas judicializaciones y contadas sentencias.
Una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señala que las demandas en la materia entran en una zona de opacidad ubicada entre las fiscalías anticorrupción (Poder Ejecutivo), las auditorías fiscalizadoras (Poder Legislativo) y los jueces que dictaminan los casos (Poder Judicial), para luego recorrer los laberintos burocráticos del sistema hasta atorarse en los escritorios de funcionarios sin pericia.
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Corrupción, un mal que se extiende
El reporte, basado en entrevistas con integrantes de Sistemas Estatales Anticorrupción en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua, revela que los Estados no logran procesar judicialmente a Gobernadores u otros altos funcionarios involucrados en casos de abuso de poder, pero sí castigan, en cambio, a funcionarios públicos de poca monta, como policías o adversarios políticos.
Entre las principales deficiencias están la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, la falta de personal capacitado para procesar los expedientes y la escasez de sentencias.
Javier Garza, Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, señaló que uno de los grandes lastres es la lentitud en la integración de las carpetas de investigación y en el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias.
Agencia Reforma